CLAUSURA TRIBUTARIA: LÍMITES DE AGENTE ENCUBIERTO

Abstract

El presente trabajo se refiere al estudio del instituto de la clausura impositiva, en el marco del sistema punitivo de infracciones formales previstas en el marco normativo tributario nacional. La clausura es estudiada como sanción al incumplimiento de deberes formales tributarios. Se trata de analizar la evolución de la sanción en el tiempo, ámbito de aplicación, motivación, y particularmente los límites que posee la Administración Tributaria para poder ejercer dicha sanción, las controversias derivadas de su legislación propiamente dicha tales como la afectación de principios constitucionales y su instrumentación práctica a través de la jurisprudencia en las distintas instancias donde fue debatida. Todo lo cual apunta a lograr mayor justificación de la clausura como integrante del sistema punitivo tributario, pero ampliando el marco sancionatorio a situaciones nuevas que difieren de las infracciones formales. Es conveniente recordar que el instituto de la clausura consiste en una medida de cautela precautoria por la que se dispone un cierre de establecimiento a fin de impedir que se sigan configurando violaciones al bien jurídico tutelado (administración pública), efectuadas con anterioridad por lo que haya sido objeto de clausuras administrativas anteriores en un período no superior a un año. A su vez, propio del análisis de dicho instituto, se lleva a cabo un análisis de los límites que posee el Organismo Recaudador para ejercer abuso del mismo mediante la utilización de los denominados Agentes Encubiertos, con el fin de resguardar y amparar derechos constitucionales de los contribuyentes que su aplicación da a lugar, tales como afectación al derecho de propiedad, de trabajo, entre otros. Claro está que la autoridad no puede utilizar este método de forma rutinaria o permanente, sino que debe cumplir con una serie de requisitos para que la misma actuara dentro la legalidad propia de un estado de derecho. Esto se debe a que la utilización de la clausura impositiva como pena fiscal, y más aún el empleo de dichos agentes, no ha resultado pacífica ni uniforme, ya que su aplicación es controvertida no sólo por las infracciones que castiga, sino por las garantías constitucionales que pueden verse afectadas